RND: Reducir emisiones ya no es una opción: es una carrera contra el tiempo.

¿Está Chile preparado para ganarla?

La descarbonización, es decir, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, ya no es una idea abstracta ni un objetivo lejano. Es una necesidad urgente que afecta a nuestra salud, nuestra economía y nuestro futuro.

En Chile, el principal instrumento de orientación para lograrlo es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023–2030 (PNIEC), que marca la ruta estratégica hacia una sociedad con menos emisiones, más energía limpia y un sistema energético más eficiente.

¿Qué objetivos marca el PNIEC?

Este plan define metas claras para 2030, alineadas con los compromisos europeos y el Acuerdo de París: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 32% respecto a 1990. Alcanzar un 48% de energías renovables sobre el consumo final de energía.Mejorar la eficiencia energética en un 43%.

Lograr que el 81% de la electricidad generada sea renovable. Reducir la dependencia energética hasta el 50%.

¿Es un compromiso suficiente?

Hay avances claros: Chile ha incorporado más medidas que antes, con un plan que incluye 110 acciones frente a las 78 del ciclo anterior. El PNIEC también contempla aspectos sociales, como la transición justa para las personas y zonas más vulnerables, y reconoce la importancia de la perspectiva de género. Pero, según análisis de la sociedad civil y datos recientes, todavía estamos lejos de donde deberíamos estar para cumplir con lo que exige el Acuerdo de París:

El objetivo de reducir emisiones un 32% para 2030 puede no ser suficiente para limitar el calentamiento global a niveles seguros.

Chile no estaría cumpliendo algunos requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos por las metas de Naciones Unidas. Las proyecciones actuales del plan muestran que no se alcanzarán los compromisos de sumideros forestales (captura de CO₂ por bosques y suelos), cayendo por debajo de lo prometido.

Persisten medidas que siguen apoyando el uso de combustibles fósiles sin una hoja de ruta clara para eliminarlas gradualmente. ¿Cómo avanzamos con su implementación? Los informes de anticipación de emisiones, como los elaborados por el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA) y otros organismos, muestran una realidad que pide más ambición: Las estimaciones para 2025 indican que las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile se mantienen estables o incluso pueden aumentar ligeramente, rompiendo una tendencia de reducción que se había observado en años anteriores.

Este estancamiento se da pese a que sectores como la electricidad están reduciendo sus emisiones gracias a una mayor generación renovable.

El principal reto sigue siendo el transporte y otros sectores fuertemente dependientes de combustibles fósiles, así como la falta de crecimiento del consumo de energía eléctrica limpia en sustitución de combustibles más contaminantes.

Fuente – Emisiones adelantadas de gases de efecto invernadero en Chile y Latam 2025. OTEA

¿Cómo aceleramos la descarbonización?

Acelerar la descarbonización no significa simplemente ir más de prisa, sino hacer las cosas mejor, de forma coordinada y justa. Implica repensar cómo producimos energía, cómo nos movemos, cómo consumimos y cómo se reparten los costes y beneficios de la transición.

Para esto, uno de los pilares fundamentales es la financiación adecuada tanto a grandes proyectos como a hogares, pequeñas empresas y administraciones locales. Invertir en energías renovables, rehabilitación de edificios, transporte limpio o infraestructuras resilientes al clima, no solo reduce emisiones, sino que genera empleo, innovación y bienestar. A esto se suma la necesidad de compartir y desplegar tecnologías limpias ya existentes. Muchas soluciones para reducir emisiones están disponibles y son técnicamente viables, pero no llegan a todos los sectores o territorios por falta de apoyo, conocimiento o capacidad.

Por eso, la transición también requiere instituciones fuertes y capacitadas, que implica formar a profesionales, actualizar marcos normativos, simplificar procedimientos y mejorar la coordinación entre administraciones.

Además, la acción climática no puede ir por un lado y el desarrollo económico y social por otro. La descarbonización debe integrarse en las políticas industriales, sociales y territoriales, asegurando que las decisiones energéticas refuercen la cohesión social y no aumenten desigualdades. Aquí entra en juego la transición justa: proteger a las personas trabajadoras, a los territorios más vulnerables y a quienes ya sufren pobreza energética.

Finalmente, la descarbonización debe ir acompañada de medidas de adaptación al cambio climático. Incluso reduciendo emisiones, los impactos ya en marcha seguirán afectando a comunidades y ecosistemas. Prepararnos para ellos es tan importante como evitar que se agraven.